La búsqueda en Google sobre certificados digitales en España arroja más de 9 millones de resultados pero aún presenta muchos interrogantes. ¡Hoy resolvemos todas tus dudas!
¿Qué es el certificado digital?
En resumen es un archivo digital que contiene nuestros datos identificativos que están autentificados por un organismo oficial. El certificado digital valida nuestra identidad en internet como persona física (o representante de una jurídica) y es obligatorio para poder consultar y realizar trámites con la Administración Pública.
Hay cuatro grandes grupos de situaciones para los que necesitamos un certificado digital:
- Presentación y liquidación de impuestos.
- Gestiones ante distintas entidades de la Administración pública. Por ejemplo:
- Recursos y solicitudes.
- Consultar e inscribirse en el padrón municipal.
- Consultar y recurrir multas de tráfico.
- Solicitar subvenciones.
- Vigilancia electrónica de notificaciones que podamos recibir de los organismos oficiales.
- Firma de documentos y contratos. Como por ejemplo la apertura de cuentas bancarias sin desplazarnos.
¿Es obligatorio tener un certificado digital?
Si, la normativa es clara y establece que estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
- Las personas jurídicas.
- Las entidades sin personalidad jurídica.
- Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado
Es decir cualquier autónomo con actividad económica, una sociedad o una fundación por ejemplo necesitan tener un certificado digital para relacionarse con la administración.